Se empiezan a filtrar datos más concretos sobre los contenidos de esta ley sobre la que ya hablé en otros artículos. Por lo que parece de lo que se trata es de empantanar más aún si cabe la situación actual: que si reconversión de centros, cambio de denominaciones, subdivisión de agencias… lo de siempre, añadir peces a un estanque de exiguos recursos que ya hace tiempo amenazan agotarse (si no que se lo pregunten a los ex-becarios de las UCC). Pero la verdad es que hoy no me interesa tanto criticar los esfuerzos de los políticos por repartir fondos sin control sino comentar los cambios laborales que se proponen en el ámbito de la carrera científica en España.

Hasta ahora, la mayoría de científicos con posición “estable” en los organismos de investigación pública (OPI) eran funcionarios, a partir de la puesta en marcha de esta Ley se plantea que todas las plazas sean CONTRATOS LABORALES (las mayúsculas reflejan lo importante de este hecho para quien fue becaria, ni estudiante ni trabajador, durante 2 años) que empezarían con los contratos predoctorales, seguirían con los posdoctorales (considerados “científicos en prácticas”, curioso eufemismo) y aquí introduce la nueva ley la figura del tenure track (científico con contrato fijo consolidado) con diferente gradación, algo semejante a los grados de la escala funcionarial, con la que convivirá durante la implantación;y por último define el senior, figura de mayor responsabilidad y grado más alto. Estas dos posiciones eran inexistentes en la carrera científica española y se han incorporado a imitación del modelo americano.

Bien, tras leer esto a algunos puede darles la impresión de que por fin la lógica ha llegado a las instituciones…craso error amigos míos, siempre hay que leer la letra pequeña. Esa que dice que: mientras sigan existiendo funcionarios en España se seguirá haciendo ciencia que no siempre es competitiva (si mi plaza está asegurada, ¿qué importa no publicar en años?) o aquella que dice que en institutos mixtos, donde trabajan adscritos a centros de investigación públicos y universidades, cada trabajador estará regido por un convenio diferente que a su vez será distinto en cada Comunidad Autónoma, y por tanto ¿alguien sabría decirme quien va a pagarme el sueldo a fin de mes?

Llámenme pesimista pero, ¿han pensado los legisladores en el coste real de regular la situación laboral de los miles de investigadores con contratos temporales en España? ¿cuáles serán los méritos a considerar para entrar en el “sorteo” de estos maravillosos contratos? ¿ocurrirá como con los RamónyCajal que después de volver a España y tras 4 años de dedicación a la ciencia aquí se vieron sin opciones de continuidad?

Prefiero ser realista: ahora que aún están a tiempo me atrevo a pedir a los políticos que antes de sacar esta Ley y jugar con la carrera profesional de tanta gente como trabajamos en ciencia analicen con detenimiento la viabilidad de cada una de sus medidas, especialmente en estos tiempos de crisis.

A nosotros sólo nos queda esperar a ver que nos depara el año nuevo y la nueva Ley…¡Qué Dios nos pille confesados!